DESAHUCIOS EN ESPAÑA: AZIZ CONTRA GOLIAT

Un inmigrante de Guinea-Bissau que resistió varias embestidas judiciales para desahuciarlo. Fotografía de Claudio Álvarez (Diario El País)

Mohammed Aziz es un obrero marroquí que vive en España con sus dos hijas y su esposa.  Jamás hubieras conocido su nombre sino fuera por una vieja historia de la humanidad en la que el débil a veces vence al fuerte, a pesar su  pequeño lugar en el mundo.  Ojo Goliat, David siempre está ahí. 

El 20 de enero de 2011, una comitiva judicial se dirigió al domicilio  de Mohamed Aziz y expulsó a toda la familia de su casa. Los Aziz  se quedaron sin casa en menos de 10 meses. Uno de los casi 350.000 desahucios que hay en España desde 2007 (cierto que muchos son embargos de locales o segundas residencias y no la vivienda). Aziz se puso en contacto con un abogado y éste encontró un camino inexplorado: pidió la nulidad del contrato de préstamo por cláusulas abusivas. El juez admitió a trámite la demanda y elevó una pregunta ante el Tribunal de Justicia de la UE, mientras  suspendia temporalmente el proceso para preguntar a Luxemburgo si el ordenamiento jurídico español “cumple con el marco jurídico de protección a los consumidores frente a cláusulas abusivas".

Aziz no era un recién llegado. Llevaba mucho tiempo en España. En 2003, pidió un préstamo para comprar su vivienda. Tres años más tarde, la empresa donde trabajaba como soldador le hizo fijo. En 2007 decidió volver a hipotecar su casa con otra entidad bancaria:  Caixa Tarragona. El contrato contenía una serie de cláusulas que, ahora, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha considerado abusivas. Entre otras cosas, el contrato establece que, si Aziz deja de pagar una cantidad, el banco le aplicará unos intereses del 18,75% “desde el día siguiente a aquel en el que se haya tenido que hacer el pago”.

La demanda que inició Aziz puede ser histórica. En caso de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirme que la norma, de principios del siglo XX, no garantiza la protección a los consumidores, el obrero marroquí sería  uno de esos ciudadanos que sólo precisan del tesón para poner en jaque al poderoso.